Veamos por ejemplo el caso del maíz. Con un valor de U$S 194 FOB, con una retención del 20%, quedarían, según los propios números del Gobierno, un FOB menos retenciones de U$S 155, a lo cual si le restamos los gastos de FOB y de FAS, nos queda una capacidad teórica de pago de unos U$S 147, sin embargo, hoy el mercado paga U$S 108 la tonelada, es decir, casi U$S 40 menos.

Dicho de otra manera, si a la retención “en blanco”  de U$S 38.80 la tonelada le sumamos esta retención “en negro” del U$S 39.62, tenemos que el maíz está pagando unas retenciones del orden de U$S 78.42 la tonelada, que si lo referenciamos con el precio FOB del maíz (U$S 194), nos da una retención “práctica” de más del 40%. Esto es exclusiva responsabilidad del Gobierno. Con reglas claras, y a los fines de completar la Seguridad Alimentaria (tema de otra ley que no tratamos acá por ser fundamentalmente una ley social) el estado debe comprar a precio de mercado (en este caso U$S 147 la tonelada) y vender a las industrias alimentarias a precio subsidiado (en el caso que nos ocupa, U$S 108).

El desorden imperante en la comercialización de granos tiene claros ganadores,  los molinos y los exportadores, y muchos perdedores (productores y consumidores en primer lugar).

No podemos hablar de reglas claras si no hablamos, desgraciadamente, de la ONCCA, Oficina Nacional de Control de la Calidad Alimentaria, organismo pensado para tener un control específico y profesional de los alimentos, y hoy convertida en nave insignia de la bronca y el rencor kirchnerista hacia el campo. La burocratización y el enmarañamiento burocrático esconden burdamente el deseo de venganza hacia el sector agropecuario.

Reglas claras y previsibilidad es, por ejemplo, fijar en un todo de acuerdo con la ley agrícola madre, y mediante una comisión ad-hoc, el nivel de retenciones de cada grano, usando este mal necesario (las retenciones) como política activa de gobierno.

Retenciones sí o no no lo tratamos acá porque sencillamente las retenciones es una de las herramientas de la macroeconomía. No solucionamos nada con la eliminación de retenciones si tenemos por otro lado un dólar subvaluado (recordar el 1 a 1).

Reglas claras y previsibilidad deben ser los pilares de la política agrícola.

Y esto, que es fundamental y prioritario para la comercialización,  también lo es para otras aristas de la política agropecuaria.

La estratificación de los productores debe contemplar políticas de apoyo y, cuanto menos, resguardo del pequeño y mediano productor.

La segmentación de las retenciones y una ley de emergencia que sirva deberían ser motivaciones ineludibles de una política agropecuaria para todos. Parecería que hoy todos los productores son iguales, y la subsecretaría de apoyo al pequeño y mediano productor es una oficina más de la hoy cuasi inexistente Secretaría de Agricultura.

El apoyo a la tecnificación debe ser claro y tener una visión abarcativa y global: tiene objeto gravar con el 10,5% los fertilizantes si ello es lo que permite incrementar claramente un cultivo que paga retenciones?

Ej: Costo de Tn de diamónico: 500 U$S IVA 10.5% 52,5 U$S – Dosis: 100 kg x Ha. Incidencia del IVA x Ha = 5,25 U$S. Incremento de rendimiento en trigo: 1000 kg / Ha – Precio FOB 225 U$S, tributa un 23% de retenciones, es decir 51,75 U$S / Ha.

Tiene objeto gravar un fertilizante que al ser importado el IVA supone un costo adicional?

Los 100 millones de toneladas es una cifra emblemática. Pero lo es no por construir un techo cada vez más lejano, sino porque debe ser un piso sobre el cual se pueda llevar adelante la recuperación del campo argentino y, una vez más, a través de ello, la recuperación nacional.